Así, sí: Por la ética de la solidaridad universal

Descapitalización ética

Los recortes anunciados por el Gobierno no sólo son una serie de medidas coyunturales, acertadas o equivocadas, sino un cambio de estrategia que supone el deterioro de una concepción ética basada en la solidaridad mundial con la familia humana y la dignidad de la persona por encima de otros intereses. Al final, son las decisiones políticas, las leyes y los números los que traducen a la práctica el enunciado de los valores. Por eso, las palabras no nos convencen.

En este caso se trata, además, de una rendición  ante la presión de quienes pretenden la permanencia del sistema pase lo que pase, aunque sea a costa de las personas. Deberíamos decir que ha ganado el sistema. El sistema sobre las personas. El individualismo y la seguridad competitiva del mercado europeo. Las fortunas más grandes contra los 2/3 de la población mundial. El beneficio individual por encima de la utilidad pública y social de los bienes. El desarrollo insostenible caiga quien caiga.

Frente a todo esto la Alianza Española contra la Pobreza dice “CONMIGO ASÍ NO” y mantiene y reivindica claramente una línea ética compartida por todos sus miembros, desde una gran diversidad de ideologías: la ética de la solidaridad universal de la familia humana y la ética de la dignidad de todas las personas.

Creemos que la solución de todos los problemas no puede hacerse al margen o en contra de estos valores éticos de la solidaridad universal y la dignidad humana y esto es lo que ocurre cuando, con la pretensión de poner remedio a la crisis, se hace recaer el sacrificio, no sobre sus causantes ni sobre quienes más tienen y pueden, que son quienes mejor pueden defenderse, sino sobre las capas más débiles e indefensas de la sociedad y, lo que es todavía más sangrante, disminuyendo considerablemente la ayuda a los países pobres, haciendo así imposible la pretendida reducción de las pobreza, de la mortalidad infantil, de las enfermedades epidémicas, de la salud materna, del analfabetismo y la ignorancia. Los países ricos tal vez salgamos de la crisis, pero será a costa de más pobres y más muertos.

José Luis Saborido Cursach
CONFER (Conferencia Española de Religiosos)
Miembro de la Alianza Española contra la Pobreza

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Así, sí: Que paguen la crisis los que la han provocado.

La gestión de la crisis

Los gobiernos democráticos, a los que los y las ciudadanas cedemos temporalmente la responsabilidad del ejercicio del poder, deberían  asumirlo cumpliendo su compromiso programático con la sociedad. Pero lo visto en la gestión de la crisis, es precisamente el escenario de fracaso de las cumbres mundiales y de la falta de voluntad política para afrontar con decisión cambios en las estructuras de la gobernanza mundial, generadoras de la actual situación.

Tendremos que enfrentarnos a la crisis, desde la ciudanía, si queremos aspirar a la justicia global, afrontando los desafíos para introducir un cambio fundamental en su gestión.

Los mercados, sus líderes y aquellos que en la política abrazan el dogma neoliberal, no se sienten avergonzados con su alegre retorno a la cultura de bonos multimillonarios, a la recuperación del sistema financiero y de las grandes corporaciones especulativas, a costa de los ahorros de los estados, conseguidos con el capital humano y su trabajo, mientras millones de trabajadores en todo el mundo sufren las atroces consecuencias de su crisis sistémica.

Nuestro reto es precisamente demostrar sin complejos,  que si los pueblos empujamos juntos podemos tener una correlación de fuerzas muy superior a la de los especuladores del capitalismo de casino, basado no solamente en un modelo de relaciones productivas  que genera beneficio, sino en el mito fundacional del orden social.

Vivimos en un mundo donde dos terceras partes de la humanidad están sumidas en la miseria o en la pobreza, pero aún  tenemos un resquicio que debemos aprovechar para avanzar en la justicia social, que tanta lucha y vidas ha costado, para no volver a las tragedias que la humanidad sus pueblos han sufrido.

Para los mercados hoy está en juego acabar con los estados del bienestar,  privatizando todos sus servicios públicos y conquistas sociales. Nuestro lema bien podría ser que “hoy debe de comenzar el momento de los pueblos y de su poder, no del poder de las finanzas”.

Todos sabemos que cuando hay voluntad política, la opción económica puede ser dirigida de otra forma reordenando el sistema capitalista, el sistema de producción y el de la propia plusvalía.

Debemos combatir las causas de la pobreza en el mundo, reivindicando un cambio de las normas comerciales de la Organización Mundial del Comercio, asegurando que se utilicen como un instrumento que garantice el trabajo decente y un desarrollo sostenible que beneficie a las personas y redistribuya la riqueza. En igual medida la gobernanza mundial ejercida desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han sido responsables directos de la actual situación y por lo tanto merecedores de nuestra desconfianza al dar soluciones para salir de la crisis. Debemos exigir una reforma comenzando por las instituciones internacionales de Naciones Unidas, nacidas en otro contexto histórico.

Los gobiernos, incluido el español en la gestión de la crisis, se han supeditado a los miedos e intereses de los mercados financieros, expandiendo con ello la decepción en el propio electorado y armando de argumentos al ajeno.

Los y las  ciudadanas que hemos elegido opciones de izquierda o progresistas, tenemos el derecho a exigir una política que recoja estrategias y valores de la izquierda, y ésta debe de afrontarlas pasando de la defensiva a la ofensiva democrática, con un discurso claro de justicia social.

Todos los movimientos sociales al unísono debemos unir nuestras fuerzas para demostrar en todos los ámbitos de actuación que no vamos a aceptar reformas laborales absurdas, recortes sociales, ni a renunciar al compromiso internacional en la cooperación al desarrollo a la que estamos moral y éticamente obligados.

Y la ciudadanía que cree en estos valores de libertad y justicia haríamos bien en no olvidar las reflexiones poéticas de Bertol Brecht, de no defender a los otros porque eran distintos a nosotros, porque

Finalmente vinieron a por mí, y para entonces, ya no quedaba nadie para defenderme”…

un motivo de más para comprometernos con todas las movilizaciones sociales a nivel internacional y nacional que se realicen en pro de la defensa de nuestros justos intereses.

Manuel Bonmatí
Secretario Confederal de Política Internacional de UGT
Miembro de la Alianza Española contra la Pobreza

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Así, sí: Los acuerdos se firman para ser cumplidos.

¿Pacto de Estado o Papel Mojado?

Hace ya dos años y medio que se firmó el Pacto de Estado contra la Pobreza suscrito por todos los partidos políticos con representación parlamentaria y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. En el contexto actual, cuando la crisis afecta sobre todo a los países y colectivos más empobrecidos y vulnerables, recordar el imperativo ético de erradicación de la pobreza y garantizar la protección de los derechos humanos es más necesario que nunca.

En el ámbito español de las políticas de cooperación, recordamos que, con más motivo en tiempos de austeridad, es perfectamente posible avanzar con claridad sobre la hoja de ruta que supone el Pacto de Estado contra la Pobreza.

Más allá de las dificultades de alcanzar objetivos cuantitativos con presupuestos recortados, el Pacto contiene varias decenas de medidas referidas a la calidad de la ayuda, a la independencia de la misma de intereses comerciales o geoestratégicos, a la cancelación y/o sostenibilidad de la deuda externa, a la promoción del tejido social y la Educación para el Desarrollo. El Gobierno tiene la obligación política de presentar un plan con medidas concretas sobre estos particulares, especialmente en lo que tiene que ver con la reforma del sistema de ayuda, muy tímidamente iniciada, y con la coherencia de políticas para que las políticas comerciales, agrícolas, de seguridad o de inmigración no menoscaben los resultados de la política de desarrollo y cooperación internacional creando más pobreza.

Los pactos, los acuerdos y los compromisos están para cumplirse y más los pactos entre los ciudadanos y los representantes políticos que, valga la redundancia, nos representan.

En tiempos de crisis desde las instituciones y los medios de comunicación brota un discurso que enfrenta las necesidades domésticas con las de los países más empobrecidos. Parece que con la crisis no se puede ser solidario, que hay que solucionar los “problemas de nuestro país” antes de ir a “solucionar los problemas de los otros” obviando que nuestro estilo de vida y nuestra política exterior generan pobreza y menospreciando el valor de las políticas públicas de cooperación y solidaridad, y la importancia de sus efectos y resultados sobre poblaciones con dificultades incomparables con las nuestras, así como su positiva contribución en la construcción en nuestro país de un tejido social activo y comprometido con las causas de la justicia social.

El impacto de la crisis generada por el Norte Financiero está siendo mucho mayor en los países más vulnerables a los que no se debería recortar la ayuda en estos momentos. Igualmente irresponsable y oportunista consideramos la petición de reducir a la mitad la AOD del principal partido de la oposición, el Partido Popular, firmante así mismo del Pacto de Estado contra la Pobreza. Con ello los partidos políticos demuestran que consideran las políticas de cooperación como un gasto público secundario y prescindible, en contra de lo que establece el consenso de la comunidad internacional.

El Pacto contra la Pobreza no sólo se ha promovido a nivel estatal, ya que ha sido reforzados por otros 18 acuerdos similares a nivel local, provincial y autonómico. No hay que olvidar la importancia que esta cooperación solidaria está adquiriendo en nuestro país.

El verdadero reto que se nos presenta como ciudadanía es asumir que la tarea de conseguir un mundo más justo es colectiva y primordial, colectiva porque todos tenemos algo que aportar desde el plano individual al gubernamental y primordial porque la lucha contra la pobreza no debe estar supeditada a los tiempos de bonanza económica. Debemos imponer el criterio de emplear nuestra riqueza para sanar un planeta dividido, para poner fin al sufrimiento de semejantes atrapados por la espiral de la pobreza y forjar un vínculo de humanidad entre comunidades y culturas. Las generaciones venideras nos recordarán por haber luchado por un mundo un poco más justo.

Alfredo García
Coordinadora Española de ONGD para el Desarrollo
Miembro de la Alianza Española contra la Pobreza

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Así, sí: Recortar el poder de los mercados, no los derechos de las personas.

Los mercados (financieros) por encima de  las  necesidades humanas.

La razón de ser de los mercados financieros es la especulación. No son el lubricante de la economía real, la que produce, intercambia, ahorra e invierte.

El intercambio monetario derivado de una transacción comercial real es menos del 5% de los efectuados en los mercados financieros por motivos de compra-venta de activos financieros y especulación de divisas.

Se han generado múltiples ‘productos’ financieros por parte de la ‘industria’ bancaria, de seguros, fondos de inversión, etc., que cada vez se alejan más de la comprensión y de un basamento en la economía real. Pero que son apreciados por los accionistas y rectores de esos mismos negocios que logran con ellos, una financiación económica que jibariza a la economía real y al mismo tiempo logran unos beneficios privados escandalosos.

Ha habido, pues, un trasvase extraordinario de rentas al sector financiero y a sus rectores y propietarios procedentes de la economía real y del conjunto de la población.

Pero, cuando una burbuja estalla y determinados bancos, compañías de seguro y otros intermediarios quiebran y el miedo a estar contaminados de esos productos financieros opacos, especulativos y de escasa relación con la realidad económica, sujetos a unas condiciones económicas muy coyunturales, afectan a los demás intermediarios financieros, éstos recurren para su salvación y mantenimiento de sus rectores y accionistas a los dineros públicos que, en el mejor de los casos, dejan de utilizarse para socorrer otras necesidades más humanas y perentorias.

No ha habido en esta crisis financiera una verdadera aplicación del lema de que pague quien haya provocado la crisis.

Hubo unos primeros dudosos comunicados de los gobiernos de los países más poderosos, el G-20 sobre el origen de la crisis financiera y de cómo hacerla frente, aunque si reconocían la gravedad de la misma y enunciaron algunos buenos propósitos sobre los paraísos fiscales y la regulación financiera que evitara crisis sistémicas. Pero pronto obviaron las reclamaciones de la Conferencia de las NNUU sobre la crisis y el Informe Stiglitz, que hablaban decididamente de luchar contra los elementos más visibles de la crisis, esos paraísos fiscales, y la implantación de impuestos sobre transacciones y de beneficios bancarios. Una vez más han vuelto a dar la espalda a las causas profundas de la crisis y ni siquiera parecen dispuestos a paliar las aristas más visibles de la especulación financiera y han renovado su apoyo a un discurso pro mercado por encima de las necesidades humanas.

Saben que sus decisiones alejan la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Saben que al no poner freno a la especulación, ésta seguirá drenando recursos a la economía real y a la capacidad de hacer políticas y ofertar servicios públicos al conjunto de la población.

Han dado un paso atrás a una agenda internacional de desarrollo con equidad y justicia.

Pero si los Gobiernos han sido inconsecuentes con sus anteriores proclamas y Declaraciones, la sociedad civil debe renovar sus esfuerzos para cambiar la situación, señalando que hay otro camino. Que frente a la especulación hay medidas factibles que la aminoren y que, a su vez, permiten obtener recursos para otra política económica y social. Pera un desarrollo más equitativo y justo.

Santiago González Vallejo

USO

Miembro de la Alianza Española Contra la Pobreza

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Así, sí: Recauda bien. Por la transparencia financiera y el fin de los paraísos fiscales.

Paraísos fiscales y pobreza

El debate en lo referente a la pobreza y la ayuda al desarrollo suele centrarse en la ayuda de los países del Norte a los del Sur y evita a menudo contemplar el creciente desvío de dinero y recursos desde los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados, muy superior al total de la ayuda que reciben. Se calcula que por cada dólar de ayuda a los países en desarrollo, salen diez como fuga de capitales hacia el Norte. Frecuentemente la vía principal de esta fuga es el comercio con la valiosa ayuda  de los llamados paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales o centros offshore extraterritoriales son el instrumento que utilizan las empresas multinacionales, los adinerados y políticos corruptos y dictadores para evadir impuestos y externalizar sus ganancias hacia el Norte. Más de la mitad de la riqueza extraída de África y América Latina se encuentra en el exterior y fundamentalmente en estos centros opacos, de fiscalidad nula y no colaboradores con la justicia internacional. La identificación y repatriación de estos activos, de origen evasivo, fraudulento y/o ilegal, acompañada de reglas para acabar con la opacidad de los centros offshore, la fuga de capitales y la evasión fiscal, proporcionaría a estos países los recursos necesarios para acabar con el hambre, desplegar los servicios sociales básicos y desarrollarse de manera sostenible sin tener que depender necesariamente de la ayuda externa al desarrollo.

Las multinacionales del Norte emplean estrategias como la creación de filiales en paraísos fiscales o asentando allí su cabecera, para evitar el pago de impuestos en los países del Sur en donde se asientan, al mismo tiempo que técnicas para desviar estos impuestos y parte de las ganancias hacia el Norte vía paraísos fiscales. El impago de impuestos les proporciona además ventajas competitivas sobre las compañías autóctonas y esto merma el desarrollo a largo plazo de los países empobrecidos.

El dumping fiscal, creado por la nula tributación de los capitales en los paraísos fiscales, supone la necesidad de los países del Sur de  rebajar sus impuestos a las sociedades a cuotas ínfimas para promover las inversiones, lo cual socaba abiertamente la capacidad fiscal de unos estados ya de por sí saqueados, con las consecuencias negativas sobre la capacidad de inversión productiva y social.

Es especialmente sangrante para el sur la existencia de los llamados fondos buitre, que ubicados en paraísos fiscales compran el derecho de cobro sobre la deuda externa, marcando intereses de mercado y sin posibilidad de que ya esta pueda ser abolida por los estados.

Estos centros offshore proporcionan un reducto seguro al lavado de dinero negro procedente del narcotráfico, proxenetismo internacional, venta de armas, terrorismo y otros procesos que castigan especialmente y se aprovechan de los países del Sur.

Acabamos diciendo que Tax Justice Network valoró en 2005 en 255.000 millones de dólares los intereses que habrían de haber proporcionado las fortunas depositadas en paraísos fiscales, muy superiores a los ingresos necesarios para cubrir los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

¿Alguien duda de la imperiosa necesidad de abolir los paraísos fiscales?

ATTAC
Miembro de la Alianza Española contra la Pobreza

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Así, sí: En 2015 podemos y debemos acabar con la pobreza.

2010 es una fecha clave para la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 8 metas suscritas por todos los países miembro de Naciones Unidas para erradicar la pobreza extrema en el mundo para 2015.

En esta última década los ODM han demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el mundo y luchar contra la pobreza extrema, cuando la comunidad internacional ha apoyado las políticas de desarrollo puestas en marcha por los países pobres.

Sin embargo, a 5 años vista del plazo fijado para alcanzar este compromiso histórico es inadmisible la lentitud con la que se están logrando mejorar la vida de los más pobres y que  debido a la crisis algunos de los avances conseguidos hasta la fecha estén incluso en peligro. Se estima que en 2009, 90 millones de personas más han pasado a vivir en la pobreza y, por primera vez en la historia, la cifra de personas que pasan hambre en el mundo ha superado los 1.000 millones. De hecho, de no cambiar las tendencias actuales, los ODM no serán alcanzados para 2015.

Consciente de la trascendencia y gravedad del momento, Naciones Unidas tiene prevista una Cumbre sobre los ODM que se celebrará en Nueva York en el marco de la Asamblea General durante el mes de septiembre, y que buscará que los Gobiernos, de los países ricos y de los países empobrecidos, adopten medidas concretas para acelerar el cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra la pobreza.

Es evidente que alcanzar los ODM requerirá grandes esfuerzos, especialmente en un escenario de crisis, pero los países desarrollados y en particular España, no puede eludir su responsabilidad con las personas más pobres y vulnerables.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha demostrado ser un instrumento eficaz en materia de desarrollo como en el caso de países donde se han recogido  importantes mejoras como Burkina Faso, Ruanda, Uganda, Vietnam o Mozambique (este último registra un crecimiento sostenido del 7% en los últimos años). Por ello hay que recuperar lo antes posible  la senda del crecimiento de la AOD, no podemos perder de vista el compromiso del 0,7% para el 2015 y es necesario que haya un calendario con fechas concretas que lo haga previsible.

Además, junto al cumplimiento de los compromisos relativos a la cantidad de recursos destinados a cooperación y desarrollo, es necesario avanzar firmemente en la eficacia de la ayuda para mejorar su impacto, y avanzar en la Coherencia de políticas, para que las políticas distintas de las de Ayuda al Desarrollo también contribuyan a que los países en desarrollo alcancen los ODM.

Es injusto que quienes no han tenido nada que ver en la generación de la crisis sean quienes la estén pagando de una manera más dura. El derecho a la alimentación, la educación, la salud, la igualdad de género, la conservación de medio ambiente son cuestiones de justicia aquí y en todo el mundo.

Marina Navarro
Campaña del Milenio

Miembro de la Alianza Española contra la Pobreza

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Así, sí: Un estado deficitario en servicios públicos no ayuda al crecimiento.

Hoy más que nunca más y mejores servicios públicos

El origen de los servicios públicos, es el reconocimiento social, político y legal de una serie de derechos inherentes a la condición de ciudadanía, es decir a la exigencia de equidad social.  Su desarrollo ha estado muy ligado por tanto a las reivindicaciones, al diálogo y a los acuerdos sociales que han concretado su forma de prestación: su universalidad, su accesibilidad y los criterios que definían los parámetros de calidad que debían tener. Estos compromisos del Estado para con el bienestar de los ciudadanos, materializado en la garantía del cumplimiento de los derechos sociales reconocidos, han convivido con el libre mercado en una economía abierta en un proceso de equilibrio en permanente recomposición. Por un lado la movilización social y la evolución cultural han legitimado reivindicaciones y valores y han generado nuevas demandas de adaptación a los cambios y evoluciones socio-económicas y en consecuencia nuevos derechos.  Pero por otra parte en los últimos años hemos visto cómo el concepto de ciudadano ha sido sustituido por el de cliente, la equidad ha sido pervertida por el reconocimiento de la desigualdad y la vulneración de la universalidad y la accesibilidad sometida a las leyes del mercado: hemos contemplado como bajo el disfraz de justas críticas al anquilosamiento burocrático y demandas de eficiencia económica se ha extendido una ola indiscriminada e incontrolada de privatizaciones que han sometido los criterios de calidad social a la necesidad de la obtención de beneficios por las empresas prestatarias. Hemos sido testigos de como el agua, la energía, la salud… se trataban como un negocio y se condicionaba y hasta privaba de su acceso a importantes sectores sociales, los más débiles.

Quebrado el dogma neoliberal por la mayor de las crisis, nos queda una peligrosa fractura de pobreza y de desigualdad que hace urgente impulsar de nuevo el entramado de los Servicios públicos. Ellos son necesarios para garantizar niveles mínimos de calidad ciudadana cada vez más extendidos y así contribuir decisivamente a la cohesión económica, social, medioambiental y territorial que nuestro mundo necesita.

Pero ese nuevo impulso de desarrollo de los servicios no puede ni debe reducirse a  decisiones y actos administrativos, sino que recuperando la fuerza de sus orígenes,  debe ser fruto del fortalecimiento de la ciudadanía, de su tejido civil y de su movilización, y   responder a un concepto abierto, transparente y participativo. Por todo ello, en estos momentos los gobiernos han de ser claros con respecto a sus obligaciones para con la ciudadanía y la sociedad como conjunto, para que  exista un debate público y transparente sobre el concepto de servicio público. La accesibilidad y calidad de los servicios públicos tienen que ser el centro de las políticas gubernamentales, no sólo porque esto concierne al modo en que se gastan nuestros impuestos, sino porque son el núcleo, la esencia de la acción del Estado como organización de la sociedad.

José Gálvez.
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO.
Miembro de la Alianza Española Contra la Pobreza.

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