Así, sí: Un estado deficitario en servicios públicos no ayuda al crecimiento.

Hoy más que nunca más y mejores servicios públicos

El origen de los servicios públicos, es el reconocimiento social, político y legal de una serie de derechos inherentes a la condición de ciudadanía, es decir a la exigencia de equidad social.  Su desarrollo ha estado muy ligado por tanto a las reivindicaciones, al diálogo y a los acuerdos sociales que han concretado su forma de prestación: su universalidad, su accesibilidad y los criterios que definían los parámetros de calidad que debían tener. Estos compromisos del Estado para con el bienestar de los ciudadanos, materializado en la garantía del cumplimiento de los derechos sociales reconocidos, han convivido con el libre mercado en una economía abierta en un proceso de equilibrio en permanente recomposición. Por un lado la movilización social y la evolución cultural han legitimado reivindicaciones y valores y han generado nuevas demandas de adaptación a los cambios y evoluciones socio-económicas y en consecuencia nuevos derechos.  Pero por otra parte en los últimos años hemos visto cómo el concepto de ciudadano ha sido sustituido por el de cliente, la equidad ha sido pervertida por el reconocimiento de la desigualdad y la vulneración de la universalidad y la accesibilidad sometida a las leyes del mercado: hemos contemplado como bajo el disfraz de justas críticas al anquilosamiento burocrático y demandas de eficiencia económica se ha extendido una ola indiscriminada e incontrolada de privatizaciones que han sometido los criterios de calidad social a la necesidad de la obtención de beneficios por las empresas prestatarias. Hemos sido testigos de como el agua, la energía, la salud… se trataban como un negocio y se condicionaba y hasta privaba de su acceso a importantes sectores sociales, los más débiles.

Quebrado el dogma neoliberal por la mayor de las crisis, nos queda una peligrosa fractura de pobreza y de desigualdad que hace urgente impulsar de nuevo el entramado de los Servicios públicos. Ellos son necesarios para garantizar niveles mínimos de calidad ciudadana cada vez más extendidos y así contribuir decisivamente a la cohesión económica, social, medioambiental y territorial que nuestro mundo necesita.

Pero ese nuevo impulso de desarrollo de los servicios no puede ni debe reducirse a  decisiones y actos administrativos, sino que recuperando la fuerza de sus orígenes,  debe ser fruto del fortalecimiento de la ciudadanía, de su tejido civil y de su movilización, y   responder a un concepto abierto, transparente y participativo. Por todo ello, en estos momentos los gobiernos han de ser claros con respecto a sus obligaciones para con la ciudadanía y la sociedad como conjunto, para que  exista un debate público y transparente sobre el concepto de servicio público. La accesibilidad y calidad de los servicios públicos tienen que ser el centro de las políticas gubernamentales, no sólo porque esto concierne al modo en que se gastan nuestros impuestos, sino porque son el núcleo, la esencia de la acción del Estado como organización de la sociedad.

José Gálvez.
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO.
Miembro de la Alianza Española Contra la Pobreza.

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