Así, sí: Los acuerdos se firman para ser cumplidos.

¿Pacto de Estado o Papel Mojado?

Hace ya dos años y medio que se firmó el Pacto de Estado contra la Pobreza suscrito por todos los partidos políticos con representación parlamentaria y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. En el contexto actual, cuando la crisis afecta sobre todo a los países y colectivos más empobrecidos y vulnerables, recordar el imperativo ético de erradicación de la pobreza y garantizar la protección de los derechos humanos es más necesario que nunca.

En el ámbito español de las políticas de cooperación, recordamos que, con más motivo en tiempos de austeridad, es perfectamente posible avanzar con claridad sobre la hoja de ruta que supone el Pacto de Estado contra la Pobreza.

Más allá de las dificultades de alcanzar objetivos cuantitativos con presupuestos recortados, el Pacto contiene varias decenas de medidas referidas a la calidad de la ayuda, a la independencia de la misma de intereses comerciales o geoestratégicos, a la cancelación y/o sostenibilidad de la deuda externa, a la promoción del tejido social y la Educación para el Desarrollo. El Gobierno tiene la obligación política de presentar un plan con medidas concretas sobre estos particulares, especialmente en lo que tiene que ver con la reforma del sistema de ayuda, muy tímidamente iniciada, y con la coherencia de políticas para que las políticas comerciales, agrícolas, de seguridad o de inmigración no menoscaben los resultados de la política de desarrollo y cooperación internacional creando más pobreza.

Los pactos, los acuerdos y los compromisos están para cumplirse y más los pactos entre los ciudadanos y los representantes políticos que, valga la redundancia, nos representan.

En tiempos de crisis desde las instituciones y los medios de comunicación brota un discurso que enfrenta las necesidades domésticas con las de los países más empobrecidos. Parece que con la crisis no se puede ser solidario, que hay que solucionar los “problemas de nuestro país” antes de ir a “solucionar los problemas de los otros” obviando que nuestro estilo de vida y nuestra política exterior generan pobreza y menospreciando el valor de las políticas públicas de cooperación y solidaridad, y la importancia de sus efectos y resultados sobre poblaciones con dificultades incomparables con las nuestras, así como su positiva contribución en la construcción en nuestro país de un tejido social activo y comprometido con las causas de la justicia social.

El impacto de la crisis generada por el Norte Financiero está siendo mucho mayor en los países más vulnerables a los que no se debería recortar la ayuda en estos momentos. Igualmente irresponsable y oportunista consideramos la petición de reducir a la mitad la AOD del principal partido de la oposición, el Partido Popular, firmante así mismo del Pacto de Estado contra la Pobreza. Con ello los partidos políticos demuestran que consideran las políticas de cooperación como un gasto público secundario y prescindible, en contra de lo que establece el consenso de la comunidad internacional.

El Pacto contra la Pobreza no sólo se ha promovido a nivel estatal, ya que ha sido reforzados por otros 18 acuerdos similares a nivel local, provincial y autonómico. No hay que olvidar la importancia que esta cooperación solidaria está adquiriendo en nuestro país.

El verdadero reto que se nos presenta como ciudadanía es asumir que la tarea de conseguir un mundo más justo es colectiva y primordial, colectiva porque todos tenemos algo que aportar desde el plano individual al gubernamental y primordial porque la lucha contra la pobreza no debe estar supeditada a los tiempos de bonanza económica. Debemos imponer el criterio de emplear nuestra riqueza para sanar un planeta dividido, para poner fin al sufrimiento de semejantes atrapados por la espiral de la pobreza y forjar un vínculo de humanidad entre comunidades y culturas. Las generaciones venideras nos recordarán por haber luchado por un mundo un poco más justo.

Alfredo García
Coordinadora Española de ONGD para el Desarrollo
Miembro de la Alianza Española contra la Pobreza

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